La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución española de 1978 como estatuto jurídico del profesional de la información

Abstract

Este trabajo se enmarca en el debate sobre la ordenación legal de la profesión periodística y, por tanto, en la necesidad de un definitivo esclarecimiento de la cuestión, de forma que se pueda zanjar de una vez por todas la controversia sobre la necesidad de un estatuto jurídico del profesional de la información. Para ello se lleva a cabo un estudio histórico- descriptivo de las causas históricas y legales que han contribuido a definir al periodista, entre los que destacan los siguientes marcos jurídicos: la Ley de Policía de Imprenta de 1883, la Ley de Prensa de 1938, la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, el Estatuto Jurídico de 1967, la Constitución española de 1978 y la Proposición de Ley del Estatuto del Periodista de 2004. Tras este análisis se llega a la conclusión de que no existe la necesidad de promulgar un estatuto debido a que el Estado de Derecho español ya cuenta con un texto que actúa a modo de estatuto jurídico del profesional de la información: el artículo 20 de la Constitución española de 1978, en el que se reconoce y protege el derecho a la información veraz, y se explicitan -a través de la jurisprudencia constitucional-, las exigencias profesionales para el ejercicio del mismo. Además, en su desarrollo se contemplan dos instrumentos jurídicos que avalan al periodista para desempeñar su profesión con la necesaria libertad intelectual: la cláusula de conciencia - desarrollada en la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio- y el secreto profesional, todavía sin reglamentar.

This research takes part on the discussion on the legal management of the journalistic profession and, therefore, in the need for a definitive clarification on this matter, so that it can close definitely all the controversy about the need for a legal status of the journalistic professional. It starts its historical descriptive itinerary finding out the causes and laws that have helped to define the journalist: so on, and among others, the Act of Printing Policy (1883), the Press Act (1938), the Press and Publications Act (1966), the Legal Status of the Journalist (1967), the Spanish Constitution (1978) and the proposition of Law on the Statute of Journalists (2004). After an exhaustive analysis of these legal frameworks, it reaches the conclusion that there is no need to enact a professional statute for the journalists, as article 20 of the Spanish Constitution of 1978 constitutes one by itself: it recognizes and protects the right to truthful information, and it states -through the constitutional jurisprudence-, the legal requirements for the exercise of the profession. In addition, there are two other constitutional instruments that guarantee that journalists will develop their work within the necessary intellectual freedom: the conscience clause - developed in the Organic Law 2/1997, June 19th -; and the Newsperson Privilege, yet not regulated.