Delitos contra los intereses económicos de los consumidores y estafa

Abstract

El sistema de los delitos del Código penal español orientados a proteger los intereses económicos de los consumidores frente al fraude consta de una primera línea de contención ante las conductas idóneas para lesionar tales intereses, y de una segunda línea que protege del perjuicio patrimonial. Es lógico que este sistema presente fricciones cuando se abordan en detalle las consecuencias jurídicas de la eventual concurrencia de peligro y daño, como se pone de manifiesto a la largo del presente análisis. La solución a los problemas de concurrencia de normas penales viene dificultada por el hecho de que en cada uno de los tres delitos de peligro para el patrimonio de los consumidores tanto la configuración de los tipos como las perspectivas concursales aparecen de distinto modo. Este tratamiento diferenciado no está justificado ni por la fenomenología de las conductas respectivamente descritas ni por el grado de peligro que en la realidad económica representan, puesto que en los tres casos se prohíbe exponer a una pluralidad de consumidores a un peligro patrimonial del que se deriva la elevada probabilidad de lesión masiva. De este estado de la cuestión se deduce la necesidad de racionalización en el sentido de dispensar a los tres delitos un tratamiento legislativo homogéneo.

The system of the offences in the Spanish penal code aimed at protecting the economic interests of consumers against fraud comprises a first containment line against behaviours suitable to harm those interests, and a second line that protects against completed fraud. It is only natural that this system shows difficulties when the legal implications of the possible occurrence of danger and damage to personal assets are discussed in detail, as is apparent in the course of this analysis. The solution to the concurrency issues of criminal law is being hindered by the fact that in each of three offences of risk to the wealth of consumers both the configuration of the types and the concurrency prospects appear differently. This differential approach is not justified either by the phenomenology of the behaviours respectively described or by the degree of danger they imply in the economy life, since in all three cases is prohibited exposing a plurality of consumers to a risk to property from which the high probability of massive damage derives. This state of affairs shows the need for rationalization in the sense of giving the three offences uniform legislative approach.