¿Quién protege a los consumidores en las plataformas de servicios profesionales?

Abstract

Nos planteamos ahora si en esos mercados digitales de servicios profesionales, generalmente prestados en plataformas especializadas por sectores de actividad regulada, las organizaciones colegiales pueden asumir el rol de defensores del consumidor, demostrando que realmente son instituciones con un interés público y no únicamente privado. Se trata de plataformas donde la asimetría informativa rebaja de forma importante la posición del consumidor, por lo que la cooperación entre autoridades de fiscalización de derecho del consumo y de protección de datos debiera ser realizada o colaborada también por otros stakeholders, como los Consejos Generales o Colegios Profesionales, con un interés especial por el aseguramiento de la confidencialidad de la documentación electrónica, las comunicaciones con el cliente y la tutela de datos sensibles. Incluso nos cuestionamos su posible consideración como alertadores de contenidos, innovadora pero ambigua figura instaurada por el reciente Reglamento 2022/2065 (DSA) con normas específicas para los servicios digitales. Mercados que, por otra parte, tienden a la creación de empresas con posiciones duraderas y arraigadas de poder económico, con capacidad para adoptar conductas explotadoras y excluyentes, como competir a precios más altos, reducir la oferta, la calidad y la innovación, limitar el acceso de los competidores a los mercados e impedir la toma de decisiones efectiva por parte de los consumidores.